Lo que no se revisa, se convierte en omisión.
- Francisco Javier Gaytán Cruz
- 13 jun
- 1 Min. de lectura
En el ámbito penal empresarial, uno de los errores más comunes —y más costosos— es creer que implementar un protocolo es suficiente.
Pues bien, No lo es.
La ley exige eficacia. Y un protocolo que no se revisa ni se actualiza pierde eficiencia, se vuelve obsoleto y, por tanto, se convierte en un riesgo activo.
En Gaytán Legal® hemos acompañado a organizaciones donde el documento de cumplimiento tenía más polvo que vigencia. Había manuales firmados hace años, códigos olvidados en carpetas, políticas que nunca evolucionaron. La operación cambió, la plantilla creció, los canales digitales se diversificaron… pero los protocolos seguían exactamente igual.
¿Y qué implica eso?
Que cuando ocurre un hecho delictivo, la empresa no solo enfrenta el riesgo penal por la acción cometida, sino también por la omisión institucional.
Porque el Ministerio Público no solo pregunta “¿Tenían protocolo?”
Pregunta:
¿Cuándo se revisó por última vez?
¿Quién lo actualiza?
¿Qué evidencias hay de implementación?
¿Se capacitó al personal?
¿Se corrigió después del último incidente?
La omisión es un criterio de imputación.
Y muchas veces, es más fácil de probar que la participación directa.
Revisar un protocolo no es una formalidad. Es una estrategia de defensa. Es generar evidencia viva de que la empresa tiene un modelo activo, funcional y documentado. Que no simula cumplimiento, sino que lo ejecuta.
Un sistema de cumplimiento penal efectivo no se improvisa. Se construye, se mantiene y se audita.
Lo que no se actualiza, no se puede defender.
¿Cuándo fue la última vez que tu protocolo fue revisado?
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